Parece que el ensañamiento que todas las administraciones públicas asturianas tienen contra los astilleros no tiene fin. La muestra, es el proceso que se está siguiendo contra el secretario general de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI), Juan Manuel Martínez Morala, y el dirigente de la citada central, Cándido González Carnero, por algunos de los incidentes que se produjeron durante las movilizaciones de la plantilla de Naval Gijón a finales del año 2004 y principios de 2005.
La acusación sostiene que el 28 de diciembre de 2004, Morala y Carnero salieron del astillero de Naval Gijón, donde se celebraban asambleas todos los jueves, para exigir una respuesta a la difícil situación de la empresa, con un grupo de unas cincuenta personas. Afirma que se detuvieron en la Carretera Vizcaína, donde un grupo de diez personas se dirigió hacia una explanada desde la que se empujó un vehículo Ford Courier hasta el carril de salida a la autopista, donde ambos, sostiene el fiscal, incendiaron la furgoneta "para conjuntamente permanecer en la vía pública cortando el tráfico rodado y arrojando panfletos". En concepto de responsabilidad civil Morala y Carnero deben, además, indemnizar "conjunta y solidariamente" al propietario del vehículo incendiado con 3.190 euros, cantidad que se impone como fianza. Los dos sindicalistas sólo ingresarían en prisión si se les condenara por ambos delitos, aunque la pena impuesta fuera inferior a los dos años, explicaron fuentes legales consultadas.
A esta petición, hay que sumar otra por hechos ocurridos el 10 de marzo de 2005. Según las diligencias previas, ambos sindicalistas, "acompañados de otras personas no identificadas, con ánimo de menoscabar la propiedad ajena, se dirigieron hacia la isleta central de la plaza de Máximo González y golpearon dando patadas el cajetín de la cámara de seguridad de tráfico y posteriormente colocaron en la base del poste un artefacto explosivo". Se les pide, además, que indemnicen al Ayuntamiento con 5.624,83 euros por los supuestos daños.
De esta manera parece que en las movilizaciones de Naval Gijón todo lo hacían dos personas.Sin embargo en esas movilizaciones también estaban presentes CCOO, UGT y USO, sin embargo los culpables son los miembros de un sindicato "independiente". También resulta curioso que el Ayuntamiento de Gijón se presente como causa en el juicio Sabiamos que no estaban al servicio de la ciudadanía en un conflicto laboral, pero ahora también sabemos que persiguen a los sindicalistas.
Este acorralamiento judicial y político nos recuerda épocas del pasado, pues no es de recibo que en un Estado democrático se someta a estos dos trabajadores prejubilados a un juicio por desórdenes públicos y daños a propiedades municipales y que se hayan personado en la causa como parte acusadora que gobierna un gobierno plural de la izquierda, a sabiendas de que estos dos dirigentes lo que han cometido es luchar y defender el futuro del sector naval, en concreto en la empresa donde llevaban su actividad sindical.
Es triste que se juzguen a trabajadores que fueron partícipes, conjuntamente con otros compañeros, de que hoy en Gijón y en Asturias se logrará tiempo para un sector en crisis del que depende el futuro de muchos miles de trabajadores.
Es lamentable una Delegación del Gobierno, que castiga a dos sindicalistas de la CSI, mientras que compañeros de otros sindicatos y de otros sectores, como la minería o la siderurgía se movilizan sin que ocurra nada. La Delegación de Gobierno no fue tan contundente en la represión de las manifestaciones mineras, ocurridas sólo unos meses antes que los incidentes de Naval Gijón. Sin embargo es lógico, Morala y Carnero no se sientan al lado de Trevín en la FSA y son molestos para el PSOE.
Lo que debería de ser condenable es la la actitud represiva del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gijón y de la delegación de gobierno, que utilizaron la violencia y la saña (en está página hay imágenes de las cargas policiales).Contra unos trabajadores y sindicalistas que lo único que intentaban es construir y mejorar las condiciones sociales y económicas del sector naval en la bahía de Gijón y en el conjunto de Asturias.
España ha invertido cifras de vértigo en la reconversión del sector naval, cifras que se han ido al fondo del mar en todos los sentidos, pues las ayudas al sector, y entre ellas las que se han convertido en el motivo formal esgrimido para justificar la quiebra de los astilleros públicos, no son inversiones que se puedan justificar para la organización de un cierre programado para preparar una cadena de pelotazos inmobiliarios, sino ayudas a un sector del que se espera una reactivación, que se compadezca con la evolución que está experimentado una industria que es viable en toda Europa menos en este desgraciado país.
Yo no justifico el uso de la violencia, pero creo que todos debemos de ver en que contexto se uso, en Asturias la quema de mobiliario y el corte de carreteras, es común en las huelgas de todos los sectores. Si nunca se tomaron medidas a este respecto no es justo que Juan Manuel Martínez Morala y Cándido González Carnero,sean procesados y tratados como criminales.
La lucha de los trabajadores del naval, no es ni contra la globalización, ni contra los problemas de viabilidad, ni siquiera, contra una mala gestión de los astilleros, sino contra los responsables de haber creado esa presión urbanística brutal en la bahía de Gijón, que ha disparado la codicia de promotores, intermediarios y políticos, que sólo ven ya el beneficio como móvil y que no les importa sacrificar una industria histórica. Y lo peor de todo es que ellos son los que se califican como "socialistas". Haber si toman las mismas medidas contra la "kale borroka" que día tras día actúa impunemente en otras ciudades de España.
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