EXCLUSIVO EN ASTURIAS ES ARECES, LA SANIDAD "NO"

Una tras otra las promesas electorales del señor Areces se van deshaciendo y estan dando paso al humo que tan bien nos sabe vender. En está ocasión le toco el turno a su polémica ley de exclusividad sanitaria (por otra parte muy necesaria). Parece que en nada se quedan sus palabras de que iba a obligar a los nuevos médicos a optar por la medicina pública o la privada. Justificando la medida por la apertura de los centros de salud por la tarde, los nuevos programas de promoción de hábitos de vida saludables y la necesidad de reducir las listas de espera que obligan a reforzar la atención en el sistema público.
En nada se quedan también las palabras del gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), Juan Ortiz, diciendo al mismo respecto que la Consejería de Salud se vió obligada a reflotar esta regulación (derogada por el Insalud en 1996) por 'un criterio histórico. Según sus palabras, Asturias tiene una excelente red sanitaria pública y los profesionales que trabajen en ella tendrán que profesar fidelidad plena a su empresa.
La ley que nació viciada desde su origen al implantarse sin negociación previa con los sindicatos ni Colegios profesionales, tenía como principal finalidad que los 425 médicos que entrarán a formar parte de pleno derecho de la plantilla de la Sanidad asturiana a través de la OPE estén volcados al cien por cien en la red pública. Sin embargo, la nueva regulación laboral del Gobierno regional logró no sólo "tocar" a los nuevos médicos sino también a los que ya desarrollan su actividad en la Sanidad pública, echando por tierra una histórica reivindicación sobre la exclusividad no obligatoria que habían logrado arrancar al Insalud hace seis años. Y es que el 15 por ciento de facultativos que compaginaban su trabajo en la pública y en la privada tendrían un plazo máximo de dos meses para decidir si optaban por inclinarse sólo por el sistema público. Si renunciaban a la exclusividad no se podría a volver a optar jamás a ella, y perderían el complemento específico que en Asturias ronda los 718 euros (unas 120.000 pesetas) mensuales.
Así, Asturias pasaba a ser la única comunidad con este régimen de exclusividad, introduciendo un factor de desigualdad territorial sin justificación. De hecho, un recorrido realizado por las diferentes autonomías permitía confirmar que la Ley de exclusividad asturiana era la más restrictiva de la Sanidad pública española.
Sin embargo la ley pronto demostró que era mas humo que otra cosa, en noviembre del 2003, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de asturias (TSJA) obligaba al Sespa a pagar también un plus a los médicos que no gozaban de exclusividad.
No obstante el golpe definitivo a la ley lo recibió estos días con una sentencia judicial que la deja sin aplicación práctica. Así la sentencia reitera que la exclusividad pretendida por el gobierno de Areces no se ajusta al derecho. La sentencia contrapone la ley autonómica asturiana 15/2002 de 27 de diciembre, en la que se opta «claramente» por un modelo «rígido», a la ley estatal 55/2003 de 16 de diciembre, que elige un modelo «flexible», ya que en uno de sus artículos dispone que cada servicio de salud establecerá «las disposiciones oportunas para posibilitar la renuncia al complemento específico por parte del personal licenciado sanitario». Está claro que, como afirma el Juzgado ovetense, «no coinciden en su configuración legal».
O lo que es lo mismo la ley que se impuso con chulería por el gobierno de Asturias, no puede ejecutarse y carece de toda validez. La sentencia así pues es un tirón de orejas al Principado, al recordarle que por el momento no parece que haya cumplido su obligación de desarrollar la norma básica estatal adoptando las disposiciones oportunas para posibilitar la renuncia al complemento específico por parte del personal licenciado sanitario. El Principado estaba obligado desde que entró en vigor el Estatuto Marco al desarrollo normativo de las bases estatales y por tanto, una denegación sistemática de toda renuncia al complemento específico constituiría una vulneración de la norma estatal básica. Puede considerarse que mientras no se adopte la legislación autonómica asturiana acorde con la legislación básica estatal, la Administración del Principado no puede justificar la denegación de la renuncia a la exclusividad.
En resumen y ya son muchas, otra promesa de un presidente que presumió de asumir competencias. Pero que un día y otro demuestra que no sabe gestionarlas. La reducción de listas de espera, el nuevo hospital central (que ya devía de estar terminado), la exclusividad médica, el incremento de facultativos, todo promesas de un gobierno que aúnque ahora ya no sea popular vive de vender humo. Intentar imponer todo por soberbía no es el camino, sobre todo cuando se vive en un estado de derecho.