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LOS CULPABLES DEL FIN DE LOS ASTILLEROS: ARECES Y PROGEA






Considero que todos vosotros debeis saber la verdad sobre los astilleros asturianos y yo voy a intentar contarla de una forma amena. La verdad es que los políticos asturianos de IU y el PSOE renunciaron públicamente, a la continuidad de los astilleros, en el 2004.
Los responsables de las direcciones de los sindicatos también tienen su culpa, pese a que insisten en las bondades de los acuerdos de venta, no han dejado de poner de relieve que el empleo individual de los trabajadores está garantizado por tres años en los propios astilleros de Izar, y por otros diez años si falla el acuerdo, con una recolocación en alguno de los astilleros que escaparon a este proceso, que son los que se integraron en Navantia -la empresa creada para absorberlos-, pues los de Gijón, Sestao, Manises y Sevilla, son los cuatro que no entraron a formar parte de este grupo y quedaron ya condenados al cierre para dedicar sus solares al negocio de moda, a la especulación inmobiliaria.
Si nuestros astilleros entraron en el grupo de los cuatro a liquidar, fue porque nuestros políticos así lo quisieron.¿Cómo explica el gobierno asturiano de Vicente Álvarez Areces, el gobierno gijonés de Paz Fernández Felgueroso, así como los sindicatos CCOO y UGT de Asturias el papelón que hicieron nuestros personajes públicos, renunciando a la continuidad de los astilleros asturianos en aquella negociación? De ninguna manera. No hicieron nada por salvarlos ni se sienten obligados a explicar nada. Lo hacen y ya está. Todos sabemos lo que pasó aquí en realidad. Todos lo sabemos y tenemos que aceptar esta vergüenza. Todos sabemos también que Vulcano, la empresa compradora de Izar Gijón, participa en Astilleros Asturianos, que es la sociedad que ya se quedó en su momento con Naval Gijón. Y que eso no es una casualidad, es fácil de advertir.Quedan todavía más de cien mil metros cuadrados de primera línea de playa entre Poniente y el Arbeyal.
El solar de Naval Gijón y el de Izar reunen la gran superficie edificable -más de cien mil metros cuadrados- que tiene ahora ante sí la bahía gijonesa, una vez que se despeje este último conflicto laboral que estalló, desde la convocatoria de unos trabajadores que ya no tragan con un apaño, como el que firmaron los sindicatos y la SEPI, que es un acuerdo en el que ya no se garantiza nada sobre el futuro de estos centros de trabajo, sino que muy al contrario, se acepta su uso futuro y expreso en operaciones inmobiliarias.
Hemos llegado, pues, al punto de no retorno, en el que poco o nada queda por hacer salvo el pataleo, a no ser que la indignación de los trabajadores del sector, de sus familias y del conjunto de los ciudadanos, por lo que ha sucedido con estas instalaciones, se convierta en un movimiento que le de la vuelta a una situación, estamos en un proceso de liquidación, no en una privatización. Esto no es como el proceso de Santa Bárbara o como el de Aceralia. Aquí hay un proceso de liquidación por los expedientes de la Unión Europea al sector naval público.
Nuestros políticos y sindicalistas no explican como muchos los astilleros, de muchas ciudades españolas, al entrar en Navantia se escaparon de este proceso, y que la venta conjunta acordada para los cuatro astilleros entre el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y los sindicatos no fue más que un parche para frenar las movilizaciones iniciadas a finales del 2004, a los pocos meses de tomar posesión el nuevo gobierno, y que sólo la complicidad entre los políticos asturianos y el gobierno de Zapatero, permitió que estos cuatro astilleros, entre los que están los de Gijón, quedasen vistos para sentencia.
La historia debe recordar los los nombres y los apellidos de quienes destruyeron el sector naval para hacer negocios de ladrillo, esos nombres los encontramos en la política.
Vicente Álvarez Areces construyó como alcalde las playas de Poniente y El Arbeyal, delante de estas factorías, y promovió la urbanización de este área por la empresa pública SOGEPSA, que expropió los primeros solares en los que se construyeron viviendas de lujo, con las que se realizaron beneficios que en el caso de empresas como Proseín, del Grupo Progea, dejaron más de setecientos millones de ganancia en unas cien viviendas repartidas en dos edificios. El PGOU de Gijón, redactado por un gobierno del PSOE e IU, no prevé la continuidad de los astilleros, sino el desarrollo de las operaciones iniciadas en su momento con las promociones de Progea.
Junto con el entonces alcalde Areces, había un concejal en Gijón, que le daba su apoyo, que se llama Jesús Iglesias y hoy es coordinador de IU en Asturias, mientras que el hoy diputado Francisco Javier García Valledor, era entonces el coordinador de IU en Gijón.
El hoy coordinador del área de Economía de IU en Gijón, que también fue concejal y consejero de Cajastur, José Antonio Hevia Braña, es hoy en día delegado del Grupo Progea en Asturias, y él vendió personalmente los pisos de Poniente y firmó las escrituras en las notarías como apoderado.
Está claro que si los trabajadores de los astilleros y los ciudadanos que los apoyan, no están de acuerdo con su desmantelamiento, resulta inevitable la confrontación con los responsables políticos que programaron su destrucción, para utilizar estos solares en negocios que a la vista está que tienen mucho que ver con la política, puesto que el Grupo Progea, que juega un papel fundamental en el inicio de estas operaciones especulativas, y que ganó mucho dinero con ellas, está encabezado por responsables políticos del PSOE, como su presidente, Miguel Ángel Loriente Ariza, o del director de la Fundación que controla este grupo, Pedro Olloqui Burillo, que estuvo en las listas de IU en las últimas generales y es todavía hoy representante de esta coalición en el consejo de administración de la televisión pública aragonesa.
Los astilleros como MENASA ya tienen firmada su sentencia de muerte, una sentencia firmada por políticos asturianos y ejecutada por sindicatos asturianos, probablemente obedeciendo órdenes llegadas desde Madrid. Basta ya de demagogías políticas que solicitan su continuidad, los intereses urbanísticos pesaron más que los laborales. Los astilleros agonizan y ya es monento de que nuestros políticos y sindicalistas, recojan lo sembrado y eso es un suelo con un gran valor en el mercado. Espero que la gente tome nota y todos los que tengan conciencia proletaria se los hagan pagar en las próximas elecciones, con un voto de castigo.



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